Examen Oficial test Agentes Medioambientales TL 2018

Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Agentes Medioambientales Organismos Autónomos - Turno Libre del año 2018

Este test fue realizado de manera oficial en la fecha 20/05/2018

Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Agentes Medioambientales TL de 2018

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Según establece el artículo 55 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las autorizaciones administrativas otorgadas para la utilización del dominio público marítimo-terrestre, podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando:

Produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad.
Resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público.
Produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de interés público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance, y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad.
En todo caso de revocación unilateral de una autorización otorgada por la Administración para la utilización del dominio público marítimo-terrestre, este llevará aparejado el pago de una indemnización al titular de la misma, teniendo en cuenta el tiempo que reste del plazo inicial concedido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, las autorizaciones otorgadas para la explotación de servicios de temporada en las playas:

Se otorgarán por un plazo máximo de un año, pudiendo mantenerse las instalaciones una vez finalizada la temporada para la que se autorizó.
Se otorgarán por un plazo máximo de 30 años, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizadas cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la autorización.
Se otorgarán por un plazo máximo de un año, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizado el citado plazo.
Se otorgarán por un plazo máximo de cuatro años, si bien las instalaciones deberán desmontarse una vez finalizada cada una de las temporadas incluidas en el plazo de duración de la autorización.

En virtud de lo establecido en el artículo 68 del Reglamento General de Costas, tratándose de ocupaciones en los tramos naturales de las playas:

La distancia entre establecimientos expendedores de comida y bebida no podrá ser superior a 300 metros.
La distancia entre establecimientos expendedores de comida y bebida no podrá ser inferior a 300 metros.
La distancia entre establecimientos expendedores de comida y bebida no podrá ser inferior a 150 metros.
En ningún caso podrán autorizarse establecimientos expendedores de comida y bebida en tramos de playa declarados naturales por la Administración competente, que sean de temporada y desmontables en todos sus elementos.

Tal y como se establece en el artículo 78 de la Ley de Costas, el derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre se extinguirá por:

Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo de ser alcanzadas por el mar, únicamente en los mayores temporales conocidos.
La falta de reconocimiento “a posteriori” por la Administración previsto en el segundo párrafo del artículo 70.2.
Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.
Mutuo acuerdo entre la Administración General del Estado y la Administración Autonómica competente por razón del territorio.

Tendrá la consideración de infracción grave, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento General de Costas:

La ejecución de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie o altura, construidos sobre los autorizados.
El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio.
La extracción de áridos.
La interrupción de las servidumbres de vigilancia y salvamento, y de la servidumbre de tránsito.

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