Examen Oficial test Administrativos PI 2021

Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Administrativos del Estado Promoción Interna del año 2021

Este test fue realizado de manera oficial en la fecha 01/12/2021

Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Administrativos PI de 2021

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En relación con la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece que:

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca la puesta a disposición en la sede electrónica de la Administración actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, únicamente el acceso al contenido de la notificación por el interesado debidamente identificado, pero no por su representante.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

¿En qué se diferencia un decreto-ley de un decreto legislativo?

En que el decreto legislativo no puede versar sobre materias reservadas a una ley orgánica y el decreto-ley sí.
En que el decreto-ley necesita de una ley de bases que determine el alcance de la regulación que se le encomienda y el decreto legislativo tiene que estar previsto en una ley ordinaria.
En que el decreto legislativo está previsto para redacción de textos articulados y el decreto-ley para refundir varios textos legales en uno solo.
En que el decreto-ley es una disposición legislativa provisional que se dicta por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad; y el decreto legislativo es fruto de una delegación expresa de las Cortes Generales en el Gobierno para dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas.

Según la Ley 39/2015, NO tiene la condición de interesado en el procedimiento administrativo:

El denunciante que facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

Respecto de las medidas provisionales a adoptar en el procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, sin necesidad de motivación, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, únicamente de oficio y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

De acuerdo con la Ley 39/2015, en materia de convalidación de los actos administrativos:

La Administración Pública podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
La Administración Pública podrá convalidar los actos nulos, siempre y cuando se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
La Administración Pública podrá convalidar los actos administrativos declarados nulos.
La Administración Pública no podrá convalidar los actos anulables.

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